El sistema público de pensiones en Venezuela atraviesa una crisis estructural que ha dejado a millones de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad. En este contexto, el presente artículo explora el potencial de Bitcoin como alternativa descentralizada y sustentable para la conformación de sistemas previsionales en escenarios de colapso estatal. A partir de una metodología mixta —que combina revisión bibliográfica, simulaciones con datos asistidos por inteligencia artificial y el análisis de un caso prototipo— se diseña una propuesta de fondo de pensiones comunitario basado en la capitalización individual en Bitcoin.

Los resultados muestran que incluso en escenarios conservadores, este modelo supera ampliamente la rentabilidad de los sistemas tradicionales de reparto, permitiendo una acumulación significativa de valor real a lo largo del tiempo. Asimismo, se evidencia que las organizaciones de base tienen la capacidad organizativa y técnica para implementar estos fondos de forma autónoma, sin depender de la infraestructura estatal ni bancaria.

La propuesta incorpora un enfoque de enjambre y una hoja de ruta para el desarrollo participativo de plataformas de gestión previsional comunitaria, sentando las bases para una nueva arquitectura de seguridad social en el país. Esta investigación se posiciona como pionera al vincular Bitcoin con derechos sociales fundamentales, y plantea un desafío epistemológico y político a los modelos previsionales tradicionales.

Venezuela’s public pension system is facing a structural collapse, leaving millions in extreme vulnerability. This article explores Bitcoin’s potential as a decentralized and sustainable alternative for building pension systems in contexts where the welfare state has failed. Using a mixed-method approach—including literature review, AI-assisted data simulations, and a prototype case study—it proposes a community pension fund based on individual capitalization in Bitcoin.

Findings indicate that, even under conservative scenarios, this model significantly outperforms traditional pay-as-you-go systems in long-term value accumulation. Moreover, grassroots organizations are shown to possess the technical and organizational capacity to manage such funds independently, without reliance on state or banking infrastructures.

The proposal integrates a swarm-based governance model and presents a roadmap for developing decentralized pension management platforms. It lays the foundation for a new architecture of social protection in Venezuela and offers a pioneering contribution by linking Bitcoin to fundamental social rights. The article challenges dominant pension paradigms and calls for epistemic reconfiguration.

Los sistemas de pensiones públicos en América Latina atraviesan una crisis estructural, agudizada por procesos de envejecimiento demográfico, informalidad laboral y la incapacidad de los Estados para sostener financieramente los esquemas de previsión social tradicionales (Marcel y Tapia, 2011). En Venezuela, esta crisis ha alcanzado niveles extremos: la hiperinflación prolongada (1), la contracción del aparato productivo en casi un 80% (2) y el colapso institucional han dejado al sistema público de pensiones prácticamente inoperante. La pensión mensual otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ⎯que está anclada al salario mínimo de 130 bolívares mensuales ⎯ representa menos del 1% del costo de la canasta básica, (3) lo que obliga a millones de adultos mayores a depender de remesas, asistencia informal o rebusques para sobrevivir (Observatorio Venezolano de Finanzas, 2024).

Durante 2017, cuando la tasa de inflación en Venezuela, según cifras oficiales, superaba el 800 %, cobró fuerza el fenómeno de la “recolección de oro” o gold farming en ciberjuegos como RuneScape u otros MMO, mediante los cuales miles de jóvenes venezolanos comenzaron a intercambiar oro virtual por dólares o criptomonedas obteniendo así más ingresos que en empleos formales (The Guardian, 2019; Wikipedia, s. v. Gold Farming). Esta práctica, en apariencia marginal y lúdica, no solo evidenció la ruptura del contrato social laboral tradicional, sino que también marcó una transición silenciosa hacia economías alternativas no reguladas que ofrecían mayor estabilidad frente al colapso de la moneda nacional.

En este mismo contexto de disolución del Estado de Bienestar, emerge con fuerza la necesidad de pensar alternativas radicales para garantizar la seguridad económica en la vejez. Una de las propuestas más disruptivas proviene del ecosistema de las criptomonedas, y en particular de Bitcoin. Esta tecnología monetaria descentralizada ha sido adoptada de manera creciente en Venezuela como mecanismo de preservación de valor, transferencia internacional de recursos y cobertura frente a la depreciación sostenida del bolívar. Se estima que aproximadamente el 10 % de la población posee activos criptográficos, cifra que no contempla los numerosos intercambios informales que forman parte de la vida cotidiana, especialmente en rubros como las remesas familiares (Crypto Council for Innovation, august 8, 2024).

Ahora bien, más allá de su fama como instrumento especulativo, diversos estudios indican que Bitcoin ha comenzado a funcionar como una especie de “refugio débil” frente a la hiperinflación (Musiałkowska et al., 2020). En países como Venezuela, donde el poder adquisitivo se erosiona a diario y los controles financieros son cada vez más restrictivos, este criptoactivo representa una forma de proteger el valor del trabajo y del ahorro. Es común que trabajadores independientes —programadores, diseñadores, redactores y otros freelancers— soliciten sus pagos en criptomonedas, especialmente si trabajan para clientes en el extranjero. Para muchos de ellos, estas monedas digitales no son solo una herramienta financiera: son una puerta de salida frente a la incertidumbre, una manera de construir una cierta estabilidad económica en medio del caos. Además, al no estar directamente vinculadas al sistema bancario nacional, ofrecen una vía de resguardo que escapa al control del gobierno, algo especialmente valorado por quienes desean preservar su autonomía financiera.

Y, sin embargo, en medio del colapso de los sistemas tradicionales de protección social, la conexión entre Bitcoin y los sistemas de pensiones sigue siendo un terreno casi inexplorado, tanto en la academia como en el diseño de políticas públicas. Esta omisión resulta particularmente grave en países como Venezuela, donde la necesidad de repensar el modelo previsional ya no es un debate teórico, sino una urgencia vital. En un entorno marcado por la hiperinflación, la erosión de la institucionalidad y la pérdida de confianza en el Estado, preguntarse cómo las personas podrán sostenerse en la vejez no es una inquietud marginal, sino una demanda ética impostergable.

Frente a este panorama, Bitcoin emerge como una tecnología descentralizada, resistente a la censura y al control inflacionario, cuyas características fundamentales la convierten en una herramienta poderosa para reimaginar el futuro de la seguridad social. Si bien ha sido mayormente estudiada desde una óptica financiera o como activo especulativo, su arquitectura de red abierta, su capacidad para facilitar la acumulación intertemporal de valor y su independencia de estructuras centralizadas la posicionan como una alternativa real para construir mecanismos de pensión más transparentes, autónomos y resilientes. En contextos de alta vulnerabilidad institucional, donde el contrato social ha sido quebrantado, repensar la seguridad social desde la lógica del código abierto y la soberanía financiera individual no es solo posible: puede ser el primer paso hacia una nueva ciudadanía económica.

En este escenario de disolución progresiva del Estado de Bienestar y de creciente vulnerabilidad social, pensar en cómo sostener la vejez se ha convertido en un acto de urgencia colectiva. Venezuela, con un sistema de pensiones colapsado y un salario mínimo congelado por más de tres años, representa un caso extremo pero cada vez menos excepcional en América Latina. Ante esta realidad, este estudio se propone tres objetivos fundamentales:

A partir de datos secundarios provenientes de organismos multilaterales, informes técnicos y estudios locales, se caracteriza el sistema de pensiones venezolano, con especial énfasis en su deterioro reciente, la exclusión de amplios sectores de la población y los niveles de desconfianza institucional. Se identifican también prácticas emergentes de uso de criptoactivos como estrategias de resguardo de valor, ahorro y microinversión.

También se seleccionaron casos internacionales (como El Salvador, Nigeria y Argentina) que ilustran usos institucionales o comunitarios de Bitcoin en contextos de crisis. A partir del análisis comparado y el método de estudio de caso, y con la ayuda de inteligencia artificial (ChatGPT) se exploran escenarios posibles de articulación entre Bitcoin y esquemas alternativos de protección social en Venezuela. Se emplea también análisis prospectivo orientado a delinear principios para un modelo complementario de ahorro previsional basado en tecnología descentralizada.

Basado en un sistema de contribuciones individuales autogestionadas en Bitcoin, anclado a una arquitectura de contratos inteligentes sobre blockchain, se diseñó un modelo de pensión alternativa con las siguientes variables:

Este modelo permitió proyectar comparativamente los resultados de un afiliado al sistema público tradicional (IVSS) frente a un sistema descentralizado gestionado en Bitcoin durante un período hipotético de 10 años.

Estudio de caso simulado: “BitPensiones”: Una propuesta piloto en la ciudad de Caracas, Venezuela

Y se realizó una Proyección de aportes individuales en BTC (capitalización compuesta) (Figura 2).

Los resultados del estudio de caso simulado sugieren que Bitcoin puede constituir una alternativa viable para mejorar el financiamiento de pensiones en contextos de alta inflación y crisis institucional, como el caso venezolano. Sin embargo, este hallazgo requiere ser contextualizado dentro de las limitaciones prácticas y estructurales que presenta la realidad socioeconómica del país.

En primer lugar, la simulación muestra que la capitalización en Bitcoin puede superar significativamente los rendimientos de un ahorro tradicional ajustado por inflación, debido al crecimiento histórico de la criptomoneda. Este resultado coincide con lo planteado por Antonopoulos (2017) y Ammous (2018), quienes resaltan el potencial de Bitcoin como “oro digital” para preservar valor en economías vulnerables. La capacidad de acumular un fondo que genere una pensión mensual mayor fortalece la autonomía financiera del individuo frente a sistemas públicos colapsados.

No obstante, el uso de Bitcoin conlleva riesgos intrínsecos asociados a su volatilidad, la infraestructura tecnológica y el entorno regulatorio. Según Fernández (2023), la falta de regulación clara y la fragilidad institucional pueden afectar la seguridad y confianza en esquemas que utilicen criptoactivos como reserva previsional. Además, en Venezuela la alfabetización financiera y digital continúa siendo limitada, especialmente entre personas mayores o con bajo acceso a internet, lo que dificulta la adopción de tecnologías como Bitcoin. Esta situación representa una barrera estructural para el despliegue de modelos descentralizados de protección social. Según Garrido (2024), muchos ciudadanos carecen de conocimientos básicos sobre el uso seguro de criptomonedas, en parte debido a la falta de formación técnica y a la desconfianza generada por estafas previas. Este fenómeno se intensifica en contextos de desigualdad digital y fragmentación educativa. De forma complementaria, la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, 2024) advierte que, sin estrategias de alfabetización adaptadas a poblaciones vulnerables, los beneficios de las finanzas digitales corren el riesgo de profundizar las brechas sociales preexistentes en lugar de reducirlas.

Desde una perspectiva sociopolítica, el uso de Bitcoin para pensiones abre interrogantes sobre la justicia intergeneracional y la redistribución. La descentralización financiera puede empoderar al individuo, pero también podría ampliar brechas si no se acompaña de políticas públicas inclusivas (Tapscott & Tapscott, 2018). En este sentido, la propuesta de un modelo híbrido —combinando mecanismos estatales y comunitarios con tecnología blockchain— puede mitigar desigualdades y fomentar la transparencia, aspectos cruciales para la gobernanza democrática de los fondos.

Finalmente, la experiencia comparada con países como El Salvador y Nigeria indica que la implementación de pensiones basadas en Bitcoin es todavía incipiente, y el éxito dependerá en gran medida de la adaptación al contexto local, la educación ciudadana y la infraestructura tecnológica (Presidencia de El Salvador, 2021, 6 de septiembre). El caso venezolano, por su complejidad social y económica, puede beneficiarse de pilotajes controlados que permitan evaluar escalabilidad y replicabilidad.

En conclusión, Bitcoin ofrece un potencial innovador como complemento al sistema previsional en Venezuela, pero su incorporación exige una visión integral que articule aspectos técnicos, sociales y políticos, garantizando equidad, inclusión y sostenibilidad.

La exploración de un modelo de pensiones descentralizado basado en Bitcoin en el contexto venezolano abre un debate urgente y profundo sobre el papel del Estado, la soberanía monetaria y la innovación financiera en tiempos de colapso institucional. Los resultados obtenidos a través del estudio de caso simulado y la revisión sistemática de literatura revelan múltiples dimensiones que deben ser discutidas desde perspectivas económicas, sociales y filosóficas.

En última instancia, esta propuesta no puede ser entendida únicamente como una mejora técnica, sino como parte de un nuevo contrato social descentralizado, donde la ciudadanía asume colectivamente el diseño y la sostenibilidad de sus propias instituciones, usando tecnologías como blockchain para garantizar trazabilidad, equidad y transparencia.

Tabla 5. Implicaciones para una política pública y actores clave

Las organizaciones comunitarias, asociaciones de vecinos, consejos comunales, redes de mujeres, cooperativas rurales o urbanas y movimientos sindicales locales son actores clave en el ecosistema propuesto. En el contexto venezolano —donde la desconfianza hacia las instituciones estatales es generalizada — estas organizaciones funcionan como estructuras intermedias de legitimación, alfabetización y articulación ciudadana. En la propuesta BitPensiones Venezuela, estas organizaciones cumplirán tres funciones fundamentales:

La presente investigación evidencia que Bitcoin, como tecnología monetaria descentralizada, posee un potencial significativo para reconfigurar los esquemas de financiamiento previsional en contextos de crisis sistémica como Venezuela. A través de un análisis teórico y un estudio de caso simulado, se demuestra que la capitalización en Bitcoin puede superar los rendimientos tradicionales ajustados por inflación, ofreciendo así una alternativa para preservar y aumentar el poder adquisitivo de los futuros pensionados.

Sin embargo, esta posibilidad está condicionada por múltiples factores estructurales, entre los que destacan la volatilidad inherente de los criptoactivos, la limitada infraestructura tecnológica, la baja bancarización y la insuficiente alfabetización financiera de gran parte de la población venezolana. A ello se suman desafíos regulatorios y de gobernanza institucional que requieren ser abordados para garantizar la transparencia, seguridad y equidad en la gestión de estos fondos.

La descentralización que Bitcoin promueve puede fortalecer la autonomía financiera y la inclusión social, pero también plantea riesgos de exclusión si no se implementa con políticas públicas integrales que consideren las desigualdades socioeconómicas. En este sentido, se resalta la importancia de diseñar modelos híbridos que integren mecanismos estatales, comunitarios y tecnológicos para asegurar la justicia intergeneracional y la sostenibilidad del sistema previsional.

Finalmente, Venezuela se configura como un laboratorio crítico para innovaciones en protección social basadas en criptomonedas, cuya validación práctica dependerá de pilotajes rigurosos, procesos sostenidos de educación financiera adaptada al contexto local y la construcción gradual de confianza ciudadana. Esta línea de investigación no solo apunta a resolver una urgencia nacional, sino que abre espacios para debates interdisciplinarios sobre el papel de las tecnologías disruptivas en la transformación de los contratos sociales en economías marcadas por la precariedad, la desinstitucionalización y la exclusión sistemática.

El potencial de BitPensiones se articula en cuatro hallazgos principales del estudio:

Tras el análisis desarrollado a lo largo de este estudio, resulta evidente que el colapso del sistema previsional venezolano no puede abordarse con soluciones convencionales ni esperar por reformas estatales inciertas. En su lugar, urge activar nuevas rutas de acción que combinen innovación tecnológica, organización comunitaria y principios de justicia intergeneracional.

Las recomendaciones que se presentan a continuación no constituyen un recetario cerrado, sino una hoja de ruta flexible y contextualizada que parte de los hallazgos del estudio de caso simulado, la revisión crítica de literatura y el marco teórico de la descentralización financiera. Su propósito es orientar tanto a actores de la sociedad civil como a plataformas tecnológicas, ONG, cooperativas, investigadores y hacedores de política pública en la exploración de mecanismos alternativos de protección social basados en Bitcoin.

Estas propuestas se inscriben en una lógica de innovación institucional desde abajo, reconociendo que, en contextos de hiperinflación y desconfianza estructural, como el venezolano, la transformación de los sistemas de pensiones requiere no solo tecnología, sino también gobernanza participativa, alfabetización financiera y mecanismos de sostenibilidad social a largo plazo. Las siguientes recomendaciones apuntan, por tanto, a articular esas dimensiones en acciones concretas, escalables y replicables.

María Estela Mangia es urbanista, Directora Ejecutiva de Urbe XXI, C.A, profesora en la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

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(1) En mayo de 2019, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó datos económicos por 2 primera vez desde 2015. Informó que la tasa de inflación fue del 274% en 2016, del 863% en 2017 y del 130.060% en 2018.

(2) Según el mismo informe del BCV.

(3) En marzo del año 2022, el Ejecutivo decretó el salario mínimo en 130 bolívares, que en ese momento equivalía a aproximadamente 30 USD al tipo de cambio oficial. A pesar de múltiples medidas económicas y bonos complementarios, el salario mínimo no ha sido modificado desde entonces, lo que ha provocado una pérdida de poder adquisitivo con respecto al dólar o bienes básicos.

(4) Actualmente no se encuentran disponibles dicha criptomoneda y su cadena de bloques debido al caso de corrupción PDVSA-Cripto, quedando fuera de circulación para comienzos del año 2024.