Javier Maestre es un abogado español que lleva trabajando en asuntos relacionados con Internet desde los años 90. En 2014 empezó a estudiar Bitcoin, sobre el que tiene numerosos trabajos publicados y que ocupa ahora gran parte de su actividad profesional. Es profesor de la Universidad de las Hespérides, donde imparte la asignatura de Bitcoin y Legalidad en el Posgrado en Bitcoin y en el Máster en Bitcoin, así como del Máster en Asesoría Fiscal de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte un módulo sobre fiscalidad y criptoactivos. Así mismo es participante habitual es eventos y actividades formativas relacionadas con Bitcoin y los Criptoactivos.

El artículo analiza la evolución de la organización social humana, centrándose en la relación entre violencia, confianza y la función del Estado. El autor sostiene que, aunque el Estado ha sido tradicionalmente la principal unidad de ejercicio de la violencia legítima y garante de la cooperación social, los incentivos perversos del sistema político actual están erosionando los principios jurídicos fundamentales que han sustentado la civilización occidental.

Se destacan la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada, la privacidad y la libertad de expresión y de empresa como principios en crisis, debilitados por la hiperregulación, la politización de la justicia y el clientelismo. El texto subraya que estos principios no surgieron de imposiciones arbitrarias, sino de un proceso evolutivo de prueba y error que permitió la supervivencia y el progreso social.

El artículo argumenta que la democracia de masas y el sistema monetario FIAT han generado incentivos que favorecen la corrupción y el deterioro institucional, poniendo en riesgo la legitimidad del Estado y la convivencia pacífica. Frente a este panorama, Bitcoin se presenta como una tecnología disruptiva capaz de realinear los incentivos, proteger la privacidad y fomentar la cooperación sobre la violencia, catalizando la transformación de los códigos morales y normativos.

El autor invita a reflexionar sobre la necesidad de adaptar las instituciones estatales a los nuevos desafíos tecnológicos y sociales, advirtiendo que el colapso del Estado no traerá mayor libertad, sino un escenario de caos y poder arbitrario. El artículo motiva su lectura por su análisis profundo y crítico sobre el futuro de la convivencia social y el papel transformador de Bitcoin.

Summary

The article explores the evolution of human social organization, focusing on the interplay between violence, trust, and the role of the State. The author argues that while the State has traditionally been the main unit exercising legitimate violence and ensuring social cooperation, the current political system's perverse incentives are eroding fundamental legal principles that have underpinned Western civilization.

Key principles such as the presumption of innocence, equality before the law, protection of private property, privacy, and freedom of expression and enterprise are highlighted as being in crisis, weakened by overregulation, politicization of justice, and clientelism. The text emphasizes that these principles emerged from an evolutionary process of trial and error, not arbitrary imposition, enabling social survival and progress.

The article contends that mass democracy and the FIAT monetary system have created incentives that foster corruption and institutional decay, endangering the State's legitimacy and peaceful coexistence. In this context, Bitcoin is presented as a disruptive technology capable of realigning incentives, protecting privacy, and promoting cooperation over violence, catalyzing the transformation of moral and legal codes.

The author encourages reflection on the need to adapt state institutions to new technological and social challenges, warning that the collapse of the State would not bring more freedom, but rather chaos and arbitrary power. The article is recommended for its deep, critical analysis of the future of social coexistence and the transformative role of Bitcoin.

Español: Bitcoin, Criptoactivos, Estado, Violencia, Confianza

English: Bitcoin, Crypto-assets, State, Violence, Trust

En el presente trabajo reflexiono sobre tres ideas principales. La primera radica en analizar nuestra forma de organización en sociedad y poner de manifiesto su relación con la violencia y la confianza. La segunda idea se centra en el poder disruptivo de Bitcoin y cómo altera los parámetros en los que han venido desempeñando su papel la violencia y la confianza. La tercera, a modo de conclusión, la necesidad de seguir contando con unas estructuras estatales fuertes, pero adaptadas a las nuevas circunstancias, si no queremos pasar por un escenario de violencia generalizada antes de que un nuevo entramado institucional, donde Bitcoin jugará un papel fundamental, reemplace al actual.

De esta forma, se analiza la relación histórica y funcional entre la violencia, la confianza y la organización social, examinando la evolución del Estado como estructura destinada a gestionar el ejercicio de la violencia organizada y la resolución de conflictos en sociedades crecientes y complejas. Frente a la visión simplista que identifica al Estado como el origen de todos los males, aquí se sostiene que el verdadero problema no radica en la existencia del Estado como institución, sino en la dinámica degenerativa que lo atraviesa bajo los sistemas democráticos de masas actuales, donde los incentivos perversos de políticos y burócratas provocan el colapso institucional y moral del aparato estatal.

Este fenómeno ha derivado en el progresivo desvanecimiento de principios jurídicos fundamentales —presunción de inocencia, igualdad ante la ley, protección de la propiedad privada, privacidad, libertad de expresión y de empresa— que durante siglos han constituido los cimientos de la civilización occidental. La captura de las instituciones por intereses particulares, sumada a un sistema monetario FIAT inflacionario y depredador, ha debilitado el marco normativo evolutivo que favorecía la cooperación frente a la violencia.

Frente a esta crisis estructural, se plantea Bitcoin como una alternativa disruptiva, no solo como activo económico, financiero o monetario, sino como catalizador de una nueva normatividad espontánea basada en reglas tecnológicas inmodificables, capaces de reorganizar los incentivos económicos y jurídicos hacia un marco de cooperación más eficiente. En este sentido, Bitcoin es interpretado como una evolución tecnológica que redefine la gestión de la confianza y la violencia en sociedades humanas, que cabría calificarse incluso de imperativo moral.

El objetivo de esta investigación es plantear y reflexionar sobre las siguientes cuestiones:

¿Por qué el modelo estatal moderno ha dejado de garantizar los principios jurídicos esenciales que sustentaban nuestra convivencia?

¿Cómo la tecnología Bitcoin reconfigura la relación entre violencia, confianza y cooperación en sociedades descentralizadas?

¿Puede Bitcoin actuar como fundamento de una nueva institucionalidad más eficiente, moral y resiliente que la actual?

A través del análisis histórico, jurídico y económico, este trabajo propone reflexionar sobre el potencial transformador de Bitcoin como infraestructura de confianza que reemplace, o al menos complemente, al Estado tradicional en determinadas funciones esenciales.

El presente trabajo adopta una metodología cualitativa y teórico-analítica, sustentada principalmente en la revisión crítica de literatura y el análisis histórico-comparativo. El objetivo metodológico ha sido identificar, interpretar y conectar los procesos históricos y jurídicos que explican la evolución del Estado como estructura de gestión de la violencia y la confianza, contrastando ese recorrido con el surgimiento de Bitcoin como alternativa tecnológica y normativa.

El desarrollo de la investigación se ha articulado a través de los siguientes procedimientos:

Análisis histórico-evolutivo del Estado

Se ha revisado literatura especializada en historia política, sociología y filosofía jurídica para examinar el surgimiento del Estado a partir del tránsito desde estructuras tribales hacia organizaciones complejas. El análisis se ha enfocado en el papel de la violencia organizada y la necesidad de establecer mecanismos normativos capaces de gestionar relaciones sociales en ausencia de confianza directa.

Estudio doctrinal del Derecho

A partir de autores como Hayek, Leoni, Rothbard y Bastiat, se ha estudiado cómo los códigos jurídicos evolucionaron como soluciones espontáneas para facilitar la cooperación social. Se ha identificado que principios como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley o la protección de la propiedad privada se configuran como normas evolutivas orientadas a garantizar la supervivencia y el progreso colectivo.

Diagnóstico crítico del orden jurídico contemporáneo

Se ha procedido a un análisis crítico de las dinámicas políticas contemporáneas, evaluando cómo el sistema democrático de masas y el dinero FIAT han provocado un desmantelamiento progresivo de las normas jurídicas fundamentales. Este diagnóstico se ha basado en observación del contexto jurídico-político, acompañado de referencias doctrinales que explican el deterioro institucional.

Análisis funcional de Bitcoin

Finalmente, se ha estudiado Bitcoin desde una perspectiva institucional y normativa, evaluando su diseño como infraestructura técnica capaz de establecer reglas automáticas, inmodificables y consensuadas para la gestión de la propiedad y la cooperación descentralizada. Se ha interpretado el protocolo Bitcoin como una “normatividad inmanente” que permite reorganizar incentivos económicos y sociales.

Comparación crítica

Se ha contrastado el modelo institucional del Estado con el marco tecnológico de Bitcoin, destacando cómo este último reactiva principios jurídicos clásicos a través de un proceso espontáneo no estatal.

A través de estos procedimientos, el trabajo persigue responder las preguntas de investigación planteadas y proponer Bitcoin como una herramienta potencial para redefinir la gestión de la violencia y la confianza en el ámbito social y jurídico.

José María Bermúdez de Castro (7) revela que “la violencia ha estado siempre presente en la historia de la humanidad”. La mayoría de autores vinculan la aparición del Estado, en mayor o menor grado, con la violencia. No en vano, Max Weber (8) sostenía que el Estado es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio…, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima”.

Podemos distinguir entre una violencia de carácter externo, como organización de defensa y ataque frente a otras tribus o grupos, y otra de carácter interno, para articular los mecanismos de resolución de conflictos que surgen en el seno de la organización.

Como indica Adolfo Contreras, la confianza y su escalabilidad juegan un papel fundamental para nuestra vida en sociedad y poder relacionarnos entre nosotros, individual y colectivamente. En sentido parecido se manifiesta David McWilliams en su reciente libro “Dinero: Una Historia de la Humanidad” (9) , aunque hay que reconocer que tiene partes profundamente desacertadas, como cuando se refiere a la España que descubrió América o a Bitcoin.

Bitcoin está en disposición de alterar sustancialmente nuestra vinculación actual con la violencia.

Las relaciones entre tribus, seguramente, serían de dos tipos: violencia para hacerse con los recursos de otros y defender los propios o cooperación para el beneficio mutuo.

En un régimen tribal, todos los miembros de la tribu se conocían y la mayoría estarían emparentados. En estos contextos, la confianza era un factor fundamental para la cohesión del grupo, pero cuando la organización supera el ámbito tribal, circunstancia que empieza a generalizarse con la revolución neolítica, empezamos a relacionarnos con gente que no conocemos y con la que no tenemos confianza. Podríamos decir que superábamos el denominado número de Dunbar (10). Esta pérdida o ausencia de confianza y la necesidad de relacionarnos hace, entre otras cosas, que la deuda (11) (para algunos la primera forma de dinero) no pueda desplegar su eficacia como posiblemente acontecería en sociedades más reducidas. De otro lado, la manera más común de resolver los conflictos en un contexto así es la violencia. Pero claro, una violencia de corte anárquica no es buena para la supervivencia del grupo y los individuos que lo integran. Fue entonces cuando iniciamos el camino para superar las limitaciones que la necesidad de confianza impone a nuestras relaciones. Bitcoin es el último capítulo que conocemos de este recorrido.

En el ámbito interno de la organización podemos vislumbrar una tercera forma de relacionarnos para coordinar los sistemas anteriores (violencia y cooperación en interés mutuo): establecer un código de conducta, primero de corte moral y luego normativo, a fin de que la violencia no acabara destruyendo al grupo y se favoreciera la cooperación entre sus integrantes. Una solución evolutiva brillante que comenzaría incluso mucho antes de la Revolución Neolítica. Siguiendo a Spinoza (12), este código moral estaría vinculado con la supervivencia y progreso individual y colectivo. Así, de una manera más espontánea que no mediante imposición, las distintas comunidades iban construyendo un código moral para asegurar esa supervivencia y procurar su progreso. Pensemos que en aquella época la disyuntiva no estaba en discernir si nos compramos un Iphone o un Android, sino en sobrevivir o morir. No parece que se tratara de una imposición arbitraria, sino de un proceso evolutivo en el que las comunidades, de manera espontánea, fueron desarrollando reglas para garantizar su continuidad (13), de igual forma que surgieron y desarrollaron las distintas formas de dinero (14). La alternativa era la anarquía violenta, que se configura, como dice Adolfo Contreras (15), como la institución suprema o de último recurso para la resolución de conflictos, lo que ponía en riesgo la existencia misma del grupo y de los individuos que lo integraban.

Una cuestión a destacar de este proceso, particularmente en el ámbito de las relaciones internas del grupo, es que cada comunidad desarrollaba códigos específicos adaptados a su entorno y experiencias particulares. Algunas normas en algunas comunidades podrían ser exitosas y, sin saber el motivo, en otras no. En el norte de Europa, cuando todavía no se dominaba la creación del fuego (16), el hecho de provocar que se apague el fuego que el grupo mantiene encendido debería considerarse como una violación extremadamente grave del código, mientras que esa misma conducta en latitudes más templadas sería objeto de una mayor benevolencia. Y este es un proceso que se va decantando a lo largo de miles y miles de años. Esas diferencias son las que, en gran medida, nos han hecho progresar, si destruimos nuestra diversidad cultural estaremos limitando las posibilidades de nuestro progreso, estrechando el abanico de posibles circunstancias futuras que tenemos para seguir evolucionando, en una suerte de endogamia suicida.

Lo que en cada momento y lugar se precisa para la supervivencia es diferente, de ahí que, como se indica en “El individuo soberano”(17), “cada etapa de la sociedad requiere sus propias reglas morales para ayudar a los individuos a superar las trampas que conllevan las elecciones a las que se enfrentan con esa forma de vida particular.” Decía Spinoza que “las cosas solo son buenas, en la medida en que ayudan al hombre a disfrutar de la vida intelectual, que se define por la inteligencia. Por el contrario, cualquier cosa que impida que el hombre perfeccione su razón, y su capacidad para disfrutar de la vida racional, solo se llama maldad.” (Ética , Parte IV, Apéndice V). De esta forma, y siguiendo a Spinoza, las acciones humanas no se deben analizar con criterios morales, pues esos valores son creaciones humanas arbitrarias, sino, si acaso, con criterios de racionalidad.

Bitcoin, como avance tecnológico, en principio podría calificarse de “amoral”(18), de igual forma que es considerado como “neutral”(19) desde un punto de vista político(20). Pero lo cierto es que Bitcoin no necesita ese entramado moral. Los imperativos morales surgen cuando los incentivos no están bien alineados. Hay quienes incluso consideran a Bitcoin en sí mismo como un imperativo moral (21) (22).

Siguiendo las tesis de “El individuo soberano”, el mandamiento de no robarás tiene como objeto proteger la propiedad de los propietarios, con unos incentivos probablemente desalineados con los no propietarios. Con la zanahoria de la vida eterna en el paraíso y el palo del infierno a perpetuidad en el caso de la religión, y la creíble amenaza que implican las normas del estado, se intenta que los individuos dejen de reconocer los rendimientos de la violencia, o al menos que esas promesas de premios y castigos terrenos y ultraterrenos hagan efecto en su ánimo para renunciar a la violencia. Son el incentivo que se intenta prevalezca sobre el rendimiento que proporciona la violencia. El individuo tiene que poner en la balanza uno (cielo/infierno/cárcel) y otro (rendimiento del robo/violencia) y elegir el que más le convenga.

Como he explicado en otros trabajos (23), la Revolución Neolítica marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Hasta entonces, los seres humanos vivían dependiendo de la disponibilidad de recursos naturales, con una organización social relativamente reducida. Sin embargo, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería y la generación de avances tecnológicos (la rueda), unido a una profunda transformación social, la organización social de los grupos humanos creció considerablemente.

Uno de los efectos más trascendentales de este cambio fue la aparición de excedentes de producción. A diferencia de los cazadores-recolectores, que consumían lo que obtenían de la naturaleza sin acumular grandes reservas, las sociedades agrícolas y ganaderas empezaron a producir más alimentos de los que necesitaban en el momento. Este excedente permitió un crecimiento demográfico, la especialización del trabajo y la diversificación de la economía, pero también generó un nuevo problema: la necesidad de proteger esos recursos.

Los grupos humanos sufrían a menudo el expolio de sus excedentes, ya fuera por tribus nómadas o por comunidades vecinas en busca de mejores condiciones de vida, y la violencia seguramente escaló de una forma considerable. Ante esta amenaza, los miembros del grupo acordaron delegar la defensa de los excedentes en ciertas personas especializadas en la guerra y el ejercicio de la violencia, dando lugar a los primeros guerreros o clases militares. Pero la defensa no siempre era suficiente: en algunos casos, atacar a otros grupos y apropiarse de sus recursos se convirtió en una estrategia eficaz para asegurar la supervivencia y el crecimiento de la comunidad, como muestra, por ejemplo, la expansión de Roma.

Desde una perspectiva interna del grupo, a medida que la comunidad crecía, la confianza entre sus miembros comenzó a resentirse. En sociedades pequeñas, donde todos se conocían, el control social se basaba en la reciprocidad y la presión del grupo. Sin embargo, con el aumento de la población, surgió la necesidad de establecer un código moral que regulase la convivencia y redujera los conflictos internos. Inicialmente, este código estaba basado en normas de comportamiento transmitidas de generación en generación y que habían posibilitado la supervivencia del grupo y sus individuos.

Con el tiempo, estos códigos morales fueron formalizándose hasta convertirse en códigos normativos, particularmente desde la aparición de la escritura, como muestran las Doce Tablas de Roma (24). El surgimiento de reglas explícitas permitió gestionar los conflictos sin recurrir a la violencia constante, estabilizando las estructuras sociales y facilitando la consolidación de lo que podríamos denominar los primeros Estados. La necesidad de encauzar la violencia vinculada con los conflictos derivó en la aparición de un código moral que procurara la supervivencia y progreso de la comunidad y de sus miembros que derivó en un código normativo, con las características de lo que podríamos denominar, en términos de la Escuela Austriaca de Economía, una institución social evolutiva, como el dinero, entendiendo por tal la institución que creó el hombre para satisfacer la necesidad social de intercambio y cooperación, de la que Bitcoin es su última y, hasta el momento, mejor manifestación, dejando a un lado la eventual falsa dicotomía entre reserva de valor y medio de intercambio, pues como indica Roy Sheinfeld, “su esencia es la misma”.

Hay que ser conscientes de que las reglas de juego actuales no son moralmente aceptables, pues no contribuyen a nuestra supervivencia y progreso, y que hay que cambiarlas. Los jueces pueden ser la última línea de defensa del Estado ante este colapso moral en ciernes, pues, como indicó Eugenio Ribón, Decano del Colegio de Abogados de Madrid, “una sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces” (33).

El enfrentamiento entre el jefe de la oposición y el presidente del gobierno no difiere mucho del que pueda haber entre Toni Soprano y Carmine Lupertazzi: una lucha por apropiarse de los beneficios del negocio criminal en el que ambos se encuentran envueltos. Pero como decíamos antes, no es preciso recurrir a la maldad para explicar su comportamiento, simplemente es el modo que tienen de ganarse la vida con las reglas de juego actuales y las circunstancias que les ha tocado vivir.

Los incentivos estructurales subyacentes al sistema FIAT hacen que los gobiernos sean sumamente vulnerables a la corrupción y que el sistema se convierta en una cleptocracia, donde los más ladrones sean los más aptos para situarse en la cúspide de la sociedad. Enter otros muchos, los acontecimientos vividos en el verano de 2025 y enero de 2026 en España evidencian esta realidad que como pocas reflejan esta imagen que ha dado lugar a numerosos memes:

Como decíamos al principio, no es que los políticos sean inmorales, es que los más inmorales son los que sobreviven y progresan.

El sistema político actual facilita que el ejercicio del poder devengue en una forma mafiosa de apropiación de los recursos de los ciudadanos (38) que integran la sociedad, permitiendo a sus dirigentes, como indica Javier Pradera, perpetuarse en el poder y disfrutar (39) de un nivel de consumo y servicios equivalente al proporcionado por las rentas de un elevado capital. Pero incluso la mafia tiene su código de conducta (40), como la lealtad, “que es lo que suma en un partido político, y es lo que suma en el partido político al que yo pertenezco”, según indicó Reyes Maroto (41) a raíz del denominado caso Lobato: un socialista que decidió evidenciar notarialmente la encerrona que le estaban preparando sus compañeros de partido. Esta actitud es considerada desleal, seguramente de la misma forma que la intención de Ábalos de no compartir con sus compinches los frutos del negocio criminal en el que todos participaban. Como indica Dukenan (42), “la tendencia natural de los seres humanos es al tribalismo. Durante millones de años, no hemos sobrevivido siendo objetivos, sino leales. Y aún hoy es lo que nos sale de forma natural. Me pongo la camiseta de un color y empiezo a privilegiar a quienes también la llevan”.

La corrupción, indica Pradera, surge del perverso funcionamiento de las democracias liberales, ya que "prende en el caldo de cultivo del derroche de un billonario dinero público, fruto de los impuestos y una deuda creciente". Como sentencia Luis Almagro, "la corrupción engendra corrupción, y a una velocidad más rápida que a la que la democracia puede defenderse", evidenciando que los mecanismos tradicionales de contención ya no son suficientes para contrarrestar este deterioro sistémico, a pesar de las estériles declaraciones de nuestros gobernantes. Juan Ramón Rallo va incluso más allá sosteniendo que la propia Ley es la que fomenta esa corrupción (43).

Frédéric Bastiat consideraba al Estado como "la gran ficción (44) a través de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo", transformando las instituciones en "herramientas de privilegio personal y de abuso de poder".

La corrupción se generaliza, pero no es solo que haya mangantes que trinquen unos cuantos euros, es que es la sociedad la que empieza a pudrirse como consecuencia lógica del sistema de incentivos a que obedece su diseño. Ese diseño, que podríamos denominar democracias liberales o de masas es el que no está a la altura de los tiempos que corren. Pudo estar bien por un tiempo, pero ya no nos vale. Los sistemas actuales deben adaptarse y evolucionar ante los desafíos contemporáneos, pues el marco que pudo haberse considerado adecuado en el pasado ya no satisface las demandas actuales de gobernanza y justicia social.

La aplicación de los incentivos que subyacen a las reglas por las que se rige actualmente la organización estatal conduce inevitablemente a un deterioro en la legitimidad de sus secuestradas instituciones, para dar paso a una suerte de nuevo feudalismo, que implique la voladura, más o menos controlada, de la principal unidad de ejercicio de violencia que actualmente existe y que, de momento, es el Estado. En el camino, pasan cosas.

Preparando este trabajo, me acordé de que hace ya más de 20 años, en 2001, realicé una comparecencia en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado de España (45). Me ha sorprendido leerme después de tanto tiempo, lo que dije entonces se puede contar como si se hubiera escrito ayer:

Muchos me habrán oído decir que, como decía Ortega y Gasset, adscribirse a la izquierda o derecha del espectro político es una auténtica imbecilidad, o un sinsentido como decía Escohotado (48). Lo era hace ya casi un siglo y la mayoría de la gente todavía no se ha enterado.

Las diferentes ideologías no son más que los distintos saborizantes con los que se nos permite tomar la medicina. Es como poder elegir entre Tang de naranja o de limón y, si eres de los raritos, el tropical (en algunos países de Hispanoamérica creo que hay más sabores).

Cualquiera que no comulgue con los dogmas convencionales (cambio climático, feminismo radical, welcome refugie, colectivismo…) es automáticamente tildado de extrema derecha, negacionista, machista, racista o fascista: la palabra mágica que todo lo soluciona.

Entre quienes tildan de fascistas a los que cuestionan esta deriva, hay muchos que saben con toda certeza que están engañando a sus interlocutores. Pero también hay quien se cree toda esta pantomima. La disyuntiva de tener que elegir entre los distintos colores del colectivismo o el fascismo es completamente falaz. Entre otras cosas, porque el fascismo no es más que otra forma de colectivismo. En una entrevista que Pablo Iglesias hizo a Antonio Escohotado (49), quien le preguntó a Pablo si veía alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis. La diferencia más concreta que pudo identificar el ilustre podemita es que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. Ese mismo Pablo Iglesias, años antes defendió la tesis, pronto abandonada, de que "La política entre izquierda y derecha es una estafa” (50).

Es preciso dejar de una vez por todas esas falaces diferenciaciones que conducen a un estúpido hooliganismo donde muchos prefieren a un gobernante profundamente corrupto y deshonesto, en vez a alguien honrado pero de un espectro político diferente, como criticaba Julio Anguita (51).

Como indica Fernando Savater (52), "la única raza perseguida es la de los pobres. Al sultán de Brunei nadie la falta el respeto ni hay hotel en el que no le pongan una alfombra roja".

Mike Tyson decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puñetazo en la boca. El incendiario discurso del Vicepresidente de los Estados Unidos (53), J.D. Vance, propinó ese puñetazo a los líderes europeos al afirmar que, de todos los desafíos apremiantes a que se enfrentan las naciones europeas no hay nada más urgente que la migración masiva, fruto de una serie de decisiones conscientes tomadas por políticos de todo el continente a lo largo de una década. Y en el mismo sentido se pronunció Donald Trump en la ONU en septiembre de 2025.

Desde luego, el racismo, entendido como la creencia en la superioridad de una raza o grupo étnico sobre otros, es algo profundamente estúpido, o al menos, como indica el profesor Miguel Anxo Bastos, “un error intelectual” (54). Lo que sí tiene algo más de sentido es la diferenciación cultural, como ponía de manifiesto el malogrado Charlie Kirk (55). Debemos asumir que existen culturas diferentes y algunas están mejor adaptadas que otras para sobrevivir y prosperar, según qué circunstancias, según el entorno en que se desenvuelven. No es que haya unas culturas superiores a otras, el código normativo desarrollado por los habitantes de un sitio en unas condiciones determinadas puede que no sea el adecuado en otros contextos. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la raza ni con la superioridad o inferioridad.

Las diferencias relevantes entre los grupos humanos no son raciales o genéticas (56), sino culturales. Y esa cultura incluye el código moral que se ha ido decantando durante milenios en su comunidad. Europa se encuentra importando culturas, códigos morales, diferentes a los que nos habían llevado a ser las sociedades avanzadas que fuimos hasta hace poco.

Los miopes e ignorantes, los rednecks que dirían los estadounidenses, se fijan en el color de la piel, y eso les viene bien a quienes adoptan medidas que destruyen nuestra cultura y civilización, pues pueden tildarles, con razón, de racistas. Pero quienes cuestionan, no la raza, sino las diferencias culturales y morales, son metidos en el mismo saco que los ignorantes racistas.

Sucede que las tesis raciales son utilizadas por unos y otros de una forma absurda. De un lado, tenemos al imbécil que se cree que porque su piel sea más blanca, negra o amarilla que la de otros es superior, algo profundamente desacertado. Pero aquellos que asumen que quienes critican las políticas migratorias son unos racistas incurren en una estupidez similar. En Europa y en España estamos asistiendo a la importación masiva de delincuentes y culturas que pretenden destruir la civilización alcanzada aquí, financiando la importación con los recursos que se extraen de la ciudadanía. El hecho de criticar esa situación no tiene nada que ver con el racismo ni, desde luego, con la pantomima de la izquierda y la derecha, como prueba el hecho que en España la única opción política que de forma más plausible se oponga a este camino, Frente Obrero, se alinee al extremo de los que se visten de rojo, aunque defienden en su programa que no son “ni izquierdas ni derechas”, pues están “en contra de una dicotomía que solo sirve para engañar a la gente con falsos enfrentamientos. Los partidos del sistema, de izquierda o de derecha, defienden los mismos intereses políticos, es necesario enfrentarse a ambos.”

Europa, cuna de la civilización occidental, se encuentra en una evidente decadencia con políticas que cabe calificar de suicidas. Esta es la principal emergencia a la que nos enfrentamos, y no el “cambio climático”, expresión tan absurda como “agua húmeda”. La calentología se ha encumbrado a la categoría de impostada de superstición barnizada con una pegajosa pátina de pseudociencia para que aceptemos una vuelta de tuerca más en la pérdida de nuestras libertades.

La importación de culturas contrarias a la forma en que hemos progresado pone en riesgo la supervivencia de la civilización occidental y de las diferentes sociedades europeas. Tanto el socialismo colorado como el turquesa han aceptado sin ambages el seppuku. Los que se oponen a todo eso son tildados de fascistas o nazis, pero lo cierto es que las opciones políticas que supuestamente van en esta línea (como VOX en España) lo hacen simplemente de boquilla para pescar más votantes a los que ordeñar. En nuestro país, como decíamos antes la única opción política que da la impresión de estar verdaderamente en contra de esta deriva suicida es el Frente Obrero de Roberto Vaquero, cuya adscripción ideológica hace ciertamente difícil que se les califique de fascistas. El tiempo dirá si acaban convirtiéndose en una disidencia controlada, como sucede en algunos casos del lado derecho de la cancha en este punto.

Los códigos morales y legales que sustentan la civilización occidental han surgido en su mayoría de un proceso espontáneo de prueba y error, no de mandatos arbitrarios. Esta tradición milenaria ha favorecido nuestra supervivencia y progreso; sin embargo, bajo la lógica degenerativa de la democracia de masas esos principios se relegan cuando resulta conveniente a los políticos de turno. Veamos algunos ejemplos.

Separación de poderes. En octubre de 2025 se dio a conocer una iniciativa del Gobierno de España por el que se pretende reformar los procesos de instrucción en la jurisdicción penal, por la que, entre otras cuestiones, se atribuye al Ministerio Fiscal la instrucción penal, sustrayendo esa función a los Juzgados de Instrucción, y se limita de forma sustancial el ejercicio de la acción popular. Esta medida ha suscitado numerosas críticas por parte de numerosos juristas, como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. La atribución de estas facultades al Ministerio Fiscal, sin asegurar su autonomía real y funcional respecto del Poder Ejecutivo supone, sin duda, un auténtico ataque al ya maltrecho principio de separación de poderes.

Presunción de inocencia. El clásico principio nullum crimen, nulla poena sine lege queda prostituido por la prisa legislativa y la politización de los delitos. Leyes retroactivas, figuras jurídicas ad hoc (por ejemplo, el “derecho penal del enemigo” (58)) o la inversión de la carga de la prueba (por tecnicismos procesales) han convertido demasiados procesos en meras razias ideológicas. En la práctica actual, la ciudadanía es tratada como sospechosa permanente. Este estado de cosas traiciona la esencia de un orden basado en el Derecho: como advierte Hayek (59), bajo un verdadero Estado de Derecho el individuo “es libre de perseguir sus objetivos y deseos, con la garantía de que los poderes del gobierno no se usarán deliberadamente para frustrar sus esfuerzos”. Cuando esa garantía desaparece se mina la confianza ciudadana en la justicia y se rompe el frágil equilibrio en que descansa nuestro progreso.

Igualdad ante la ley. La igualdad formal es la única compatible con la libertad. Parafraseando de nuevo a Hayek, “la igualdad en las normas generales de la ley y la conducta… es el único tipo de igualdad que conduce a la libertad”. En cambio, la democracia de masas suele otorgar trato desigual bajo la ley según los intereses políticos: leyes con indultos encubiertos cuando no abiertas amnistías, beneficios fiscales exclusivos, diferencias arbitrarias en sanciones o distinciones penales según ideología o condición social o cultural. Se sustituyen así las reglas neutrales por concesiones clientelares. Esta desigualdad legal fragmenta el principio fundacional liberal de que todos deben responder ante las mismas normas.

Propiedad privada. La base de toda libertad económica es el derecho a conservar lo propio. Como enfatiza Bastiat, la personalidad y la propiedad de cada individuo son previas al legislador, de modo que “la tarea de la ley es proveerlas de garantías”. Pero en el sistema actual el poder político invierte la función de la ley: introduce impuestos confiscatorios, devalúa la moneda e inventa expropiaciones legales que anulan de facto el denominado derecho de propiedad. El resultado es que la propiedad deja de ser un derecho inviolable para convertirse en un botín a repartir. Este acaparamiento estatal del dominio, a menudo justificado en nombre del “bien común”, convierte a cada legislatura en una lucha perversa por el poder para dictar preceptos en beneficio propio. 

Siguiendo en este sentido a García Trevijano (60), podemos decir que Bitcoin es una conquista del pueblo, una nueva Libertad, que dará lugar a nuevas leyes que la respeten. Y eso afectará a más instituciones jurídicas que integran nuestro código moral y normativo.

Privacidad. La vieja noción liberal de un espacio privado inviolable se ha disuelto en una cultura de la vigilancia. Se invocan amenazas (terrorismo, blanqueo de capitales, protección de la infancia, salud pública, etc.) para justificar el espionaje masivo de ciudadanos, la colecta indiscriminada de datos y la intervención de nuestras comunicaciones. Se ignora que la libertad real exige recintos intangibles: es inconcebible que la ley pueda perseguir pensamientos ajenos sin violar la dignidad personal. El Estado moderno, con sus mecanismos digitales, reduce la persona a objeto de control. Esta intrusión sistemática en la intimidad contradice el ideal del Derecho como “salvaguarda de la personalidad, la libertad y la propiedad” (como enseñó Bastiat).

Frente al entorno actual, Bitcoin ofrece al menos un alivio técnico: transacciones pseudónimas y descentralizadas que protegen la privacidad económica de la intromisión gubernamental, reintroduciendo un poco de anonimato en nuestras relaciones y actividad.

Libertad de expresión y de empresa. En una república genuinamente liberal, las ideas fluirían libremente y los ciudadanos emprenderían sin pedir permiso. Hoy la libertad de expresión está supeditada a lo “políticamente correcto”. Se extienden delitos de opinión y filtros discursivos oficiales, lo que instaura un falso consenso. Paradójicamente, se usa el nombre de la ley para censurar controversias legítimas. De modo similar, la libertad empresarial se ve asfixiada por la hiperregulación: leyes invasivas, controles discrecionales, cuando no arbitrarios, y privilegios monopólicos deforman el mercado. El intervencionismo democrático beneficia a los fuertes y castiga al innovador.

En conjunto, estos deterioros muestran una democracia que apenas disimula su reinado clientelar con retóricas liberales. Los principios legales que se forjaron durante milenios –presunción de inocencia, igualdad ante la ley, respeto de la propiedad, protección de la intimidad, libertad de expresión y de emprender– se ven hoy subordinados a las necesidades de poder de la casta gobernante. Si ignoramos esas reglas evolutivas que nos trajeron hasta aquí, corremos el riesgo de retroceder. Y todo se hace en el nombre de la sacrosanta democracia (61) un mantra que recuerda mucho al despótico lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo (62).

En “El individuo soberano”, los autores argumentan que el Estado moderno está en crisis debido a que los avances tecnológicos y la descentralización que implican provocan cambios sustanciales en los rendimientos y formas de ejercicio de la violencia que, con mayor o menor éxito, ha sido (casi) monopolizados por los Estados. 

Ahora, en la era digital, Davidson y Rees-Mogg sostienen que el Estado perderá parte de su control sobre la violencia, y que el individuo tendrá mayor soberanía sobre su destino, de manera similar a cómo las primeras sociedades neolíticas fueron desplazadas por estructuras estatales más complejas.

Este proceso podría incluso llevarnos a pensar que estamos asistiendo a una nueva fase del proceso revolucionario que se inició en el Neolítico y que estamos transitando hacia sociedades organizadas de una forma muy diferente.

Bitcoin era la guinda que le faltaba a ese pastel.

Estamos sometidos a una hiperregulación asfixiante, particularmente en Europa, cuya producción legislativa, unida a la de los Estados Miembro, alcanza unos niveles ciertamente inauditos, como pone de manifiesto el informe de Mario Draghi (63) publicado en septiembre de 2024, donde se destaca que la rigidez administrativa y la proliferación de regulaciones dificultan la innovación y frenan el crecimiento empresarial. Muchas de estas leyes son inmorales, pues no contribuyen a nuestra supervivencia ni al progreso tanto individual como colectivo, ni son ya la expresión de la voluntad del pueblo, sino el reflejo de los intereses de quienes las aprueban.

Las leyes (en sentido amplio) dominan gran parte de los aspectos de nuestras vidas y se han expandido hasta prácticamente eclipsar nuestras otras fuentes del Derecho: la costumbre y los principios generales del Derecho que, se supone, tienen un “carácter informador del ordenamiento jurídico” (64).

En relación con el protoestado de la Unión Europea, en principio, la idea de una institución europea que transforme las relaciones de violencia en relaciones de cooperación y que surja un código de conducta compartido no parece mala. Uno de los problemas es que ese código de conducta, en su configuración actual, no es fruto de una evolución natural sino de la imposición. Además, los gobernantes europeos tienen el mismo sistema de incentivos perversos que los estatales. Y este sistema de incentivos implica la voladura de la institución desde dentro para favorecer el retorno a la violencia generalizada como principal forma de relacionarse. El problema no es la Unión Europea, el problema son los peones que, con la excusa de gobernarla, no hacen sino parasitarla hasta que perezca, como si de sanguijuelas se tratara.

Pero esta aparente omnipotencia legislativa no puede alterar cosas como el teorema de Pitágoras o el peso atómico del oro. No pueden hacer que un cuadrado sea redondo. Las leyes podrán dificultar el acceso a este conocimiento y realidad, pero no los pueden destruir.

Bitcoin, en última instancia, es conocimiento y realidad. Un nuevo marco fáctico para nuestra convivencia en sociedad, de forma que nuestro ordenamiento jurídico tendrá que adaptarse si es que queremos que sobreviva. Es lo que podemos denominar la normatividad inmanente de lo fáctico.

En última instancia, la violencia es, como decíamos antes, la institución suprema o de último recurso para la resolución de conflictos. Gran parte de los que estamos bajo el paraguas de la civilización occidental, hemos vivido un proceso de prueba y error a la hora de establecer un sistema que favoreciera la cooperación sobre la violencia que ha pasado por el modelo de estado nación y democracia de masas, haciéndonos vivir el sueño de que vencería a la violencia hasta el fin de los tiempos. Pero este modelo de juntarnos, para sobrevivir y favorecer la cooperación, da la impresión de estar prácticamente agotado, en el mejor de los casos.

La pérdida de legitimidad de nuestras instituciones, y su secuestro por los políticos del sistema de partidos, hacen que las mismas no sean útiles para nuestra supervivencia, cooperación y progreso. Los partidos políticos se han convertido en organizaciones mafiosas que se dedican a la extracción de recursos de la ciudadanía. El enfrentamiento entre los políticos no es más que una lucha por apropiarse de los beneficios del negocio criminal en el que todos se encuentran envueltos, un puro teatro para entretener a la audiencia y ordeñar sus votos.

Si nuestras instituciones sociales no responden adecuadamente a la necesidad social de cooperación, mediante la organización más o menos racional del ejercicio de la violencia, ésta se encuentra llamada a desarrollarse al margen de aquéllas, camino de un colapso institucional (65). 

En última instancia, una de principales diferencias entre estas instituciones y las organizaciones tildadas de mafiosas radica precisamente en los parámetros en que se desarrolla la violencia. En las “mafias” la violencia se manifiesta con unos tintes, digamos, más discrecionales que a los que estamos acostumbrados, pero como decíamos antes, tienen su particular código de conducta.

Acaso la importación de culturas que todavía no han vivido utopía occidental, ni el código que nos ha llevado hasta aquí, pueda ayudarnos a despertar de ese sueño que parece mecernos.

En cualquier caso, Bitcoin está llamado a alterar ese equilibrio inestable que manejan actualmente nuestros políticos como funambulistas descerebrados. Bitcoin enseña, verdaderamente, que es más rentable ser honestos que lo contrario y que la violencia quizás empiece a ser menos rentable que la cooperación. El dinero FIAT obedece a una concepción violenta de la forma de relacionarnos, sobre todo entre grupos o comunidades. El sistema de incentivos de Bitcoin hace que las acciones efectuadas en interés estrictamente individual redunden en un beneficio colectivo, cosa que, desde luego, no sucede con el dinero FIAT.